El TS confirma la indemnización de 7.000€ impuesta a una antitaurina por sus comentarios en Facebook hacia un torero fallecido.

El 9 de julio de 2016, el torero al que llamaremos V., falleció en la plaza de Teruel, corneado por un toro. Al día siguiente, la mujer demandada, concejal de ayuntamiento, escribía lo siguiente en su página de Facebook:

“Podemos tratar de ver el aspecto positivo de las noticias para no sufrir tanto… Ya ha dejado de matar.

El negativo, entre otros, claramente es que a lo largo de su carrera ha matado mucho. Muchos de los de mi equipo, que como digo siempre, es el de los oprimidos, los que siempre pierden porque tienen a todos los opresores en contra, porque tienen el partido amañado. Ahora los opresores han tenido una baja, una víctima más, un peón en su sistema, y me pregunto, como muchos, cuantas bajas más de este equipo harán falta para que los gobiernos centrales, generalitats, diputaciones y ayuntamientos dejen de subvencionar estas prácticas con olor a sadismo.

No puedo sentirlo por el asesino que ha muerto más que por todos los cadáveres que ha dejado a su paso mientras vivió. No solo de toros adultos a lo largo de su carrera (según las estadísticas de su página oficial, ha acabado con 258 vidas desde 2008), sino que también novillos a lo largo de su aprendizaje en escuelas taurinas, en las cuales podemos encontrar niños que acaban normalizando situaciones como esta: «un alumno asestó hasta 14 estocadas al animal antes de que este cayera al suelo, donde fue apuntillado, y aún vivo y boqueando, tratando de tomar los últimos alientos de vida, fue arrastrado al matadero»

Considerando que aquellos comentarios atentaban contra el derecho al honor del fallecido (artículo 4 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, con relación a la exposición de motivos de dicha ley, para tutelar su memoria), formularon demanda solicitando al Juzgado considerase el contenido publicado en Facebook una intromisión ilegítima del derecho al honor del torero, condenase a la demandada a su retirada así como a publicar la Sentencia en los mismos medios que se publicó, y al pago de una indemnización de SIETE MIL EUROS (7.000€).

La pretensión fue íntegramente acogida. Merece la pena reseñar, entre otras, la reflexión que hace su Señoría en la Sentencia:

“Sería conveniente un ejercicio de reflexión y un esfuerzo para humanizar las nuevas formas de comunicación muchas de las cuales se amparan en un recurso tecnológico mal aprovechado y una inexistente relación personal. Intentemos humanizar esas relaciones mediante la empatía. Pensemos si unos comentarios como los que se han juzgado se harían de la misma forma si tuviésemos delante de nosotros, a la vista y a un paso de tocarla a la persona a al que hemos dirigido o ha sufrido semejantes opiniones”.

Recurrida la Sentencia, la Audiencia Provincial correspondiente, la vuelve a ratificar, y esta se vuelve a recurrir ante el Tribunal Supremo. En su Sentencia 201/2019, de 3 de abril, el Alto Tribunal identifica en primer lugar cuáles son los derechos en conflicto: de un lado, la libertad de expresión (20 CE), y, de otro, el derecho al honor. Recuerda seguidamente que cuando dos derechos fundamentales que encarnan principios y valores diferentes entran en colisión en un determinado supuesto de hecho, la norma que consagra uno de ellos limita la eficacia jurídica de la que consagra el otro, y, cuando hay un conflicto entre la libertad de expresión y el derecho al honor, la ponderación necesaria para resolverlo ha de llevarse a cabo teniendo en cuenta la posición prevalente, que no jerárquica, que sobre los derechos de la personalidad (18CE) tiene la libertad de expresión (20.1.CE). Ello no quiere decir que en todo conflicto prevalezca la libertad de expresión, pues según las circunstancias concurrentes puede que la balanza se incline a favor del derecho al honor.

Señala el artículo 7.7. de la Ley Orgánica 1/1982, señala que hay intromisión ilegítima cuando:

“La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”.

Recuerda el TS la jurisprudencia constitucional que define el honor como “concepto jurídico normativo cuya precisión depende las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento” (SSTC 180/1999, de 11 de octubre, 52/2002, de 25 de febrero, y 51/2008, de 14 de abril). Este derecho protege frente a atentados a la reputación personal, impidiendo la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de aquella.

Señala el Tribunal que, de entre los criterios más relevantes para analizar la colisión del derecho al honor con la libertad de expresión están:

  1. La relevancia pública del personaje o el interés general de la cuestión.
  2. La necesaria proporcionalidad en la difusión de las opiniones, “pues se proscribe el empleo de expresiones manifiestamente injuriosas, vejatorias, que no guarden relación o que no resulten necesarias para transmitir la opinión o la idea crítica.”

Si bien el mensaje de la antitaurina está referido a un personaje de cierta relevancia pública, y tienen relación con la polémica de la tauromaquia, exceden, dice el Tribunal, del ámbito protegido por la libertad de expresión por su contenido vejatorio, así como por el momento en que se producen (justo después de la muerte del torero).

Las críticas de la demandada no eran una crítica de la tauromaquia, sino que “se referían concretamente a una persona que acababa de morir de un modo traumático. Y en las mismas no solo no mostraba una mínima compasión hacia este luctuoso suceso, sino que manifestaba un sentimiento de alegría o alivio  por la muerte de quien tachaba, sin ambages, de asesino. Esta muerte, según manifestaba la demandada en su cuenta de Facebook, tenía aspectos positivos.

Las manifestaciones de la demandada violentaban, considera el TS, y perturbaban el dolor de los familiares y la memoria del difunto, especialmente por el momento en que se profirieron y por el tono vejatorio empleado.

Además, la carga vejatoria del término “asesino” es evidente, máxime cuando se dirige contra el fallecido y no contra personas indeterminadas. Así, finaliza el TS, un elemento fundamental para que prevaleciese el derecho al honor sobre la  libertad de expresión, son las circunstancias en que se produjeron las manifestaciones, justo tras la muerte del torero. “Como hemos dicho, los usos sociales delimitan la protección del derecho al honor, y entre los usos sociales de una sociedad civilizada se encuentra, como exigencia mínima de humanidad, el respeto al dolor de los familiares ante la muerte de un ser querido, que se ve agravado cuando públicamente se veja al fallecido”.

Puedes leer el texto íntegro de la Sentencia del Tribunal Supremo aquí.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s